Los trabajadores y las trabajadoras de los ministerios de Justicia y Seguridad se encuentran en estado de alerta y movilización debido a que el Gobierno pleanea disolver los entes cooperadores, organismos a través de los cuales miles de empleados de esas carteras fueron contratados en forma tercerizada.

Según trascendió, el Ejecutivo está próximo a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la transferencia de los fondos de las llamadas “Leyes Convenio” al ministerio de Hacienda, como parte de una batería de medidas que prepara de cara al ajustado presupuesto 2019, ante la atenta mirada del FMI. Esto, denuncian los trabajadores y las trabajadoras, podría implicar el despido de aproximadamente 10 mil empleados.

Este lunes, entre cantos e insultos contra el presidente Mauricio Macri, afiliados de UPCN de los ministerios de Seguridad y Justicia se movilizaron sorpresivamente ante la sede de la cartera de Hacienda para denunciar los posibles despidos.

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Los trabajadores sorprendieron a las fuerzas de seguridad y pudieron llegar hasta la intersección de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, en las inmediaciones de la Casa Rosada, a pesar de que la Plaza de Mayo tenía las rejas cerradas.

Mientras el presidente terminaba de encabezar una reunión de coordinación con sus ministros en la Casa Rosada, los empleados entregaron un petitorio en la cartera a cargo del ministro Nicolás Dujovne solicitando que se deje sin efecto la medida.

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Allí, los manifestantes expresaron el repudio contra el ajuste del oficialismo apuntando directamente al líder del PRO.

Los entes cooperadores son organismos descentralizados que tienen convenios con el Estado y contratan personal tercerizado para tareas específicas, por ejemplo, la atención de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). “Vienen funcionando y sosteniendo esta cartera con el conjunto de organismos dependientes de ella desde hace más de 45 años, así también otros ministerios como el de Seguridad y demás organismos, mediante las cuales permiten llevar adelante las políticas públicas que son de vital importancia y relevancia para el conjunto de la ciudadanía”, expone un comunicado publicado por el gremio conducido por Andrés Rodríguez.

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El gremio ATE, por su parte, también se ha movilizado este martes a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), en Avenida Corrientes 5666, y llamó al paro en todas las reparticiones afectadas. El miércoles se movilizará al ministerio de Hacienda y presentará su propio petitorio contra los despidos. Sin embargo, la falta de unidad entre ambos sindicatos debilita gravemente la fortaleza de las protestas y deja endeble la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras.

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El pasado 5 de septiembre, diputados del Frente para la Victoria presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno explique cómo se preservarán las fuentes de trabajo tras la absorción de los entes.

Los entes cooperadores son entidades públicas, aunque también existen privadas, que prestan “cooperación técnica y financiera”, a través de convenios específicos, con ministerios y otras reparticiones, tercerizando servicios a través de la contratación de personal que no es de planta permanente del Estado.

Dos organismos afectados serían el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Nacional del Automotor. Con esa caja, por ejemplo, se abonan los salarios del 70 por ciento de los trabajadores del Ministerio y de los organismos descentralizados y programas de esa cartera, tales como la Unidad de Investigaciones Financieras, Oficina Anticorrupción, Servicio Penitenciario Federal, Secretaría de Derechos Humanos, Programas de Reparación, Trata de Personas, Niños extraviados, Plan Nacional Anticorrupción, INADI, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, entre otros.

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Hasta el momento hay plena incertidumbre sobre la continuidad laboral de los empleados y empleadas. A fines de agosto trascendió un borrador del decreto que prepara el Gobierno, aunque esa versión habría quedado sin efecto ya que menciona al ya desaparecido Ministerio de Modernización.

El artículo 2 del texto señala expresamente que se “establecerá un procedimiento” con el objetivo de rescindir “todos los contratos de personal celebrados por entes cooperadores” en el marco de “convenios de “cooperación técnica y financiera bajo las leyes N° 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363”.

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