El optimismo acerca de la consolidación del proceso de paz en Colombia se deteriora día a día. Entre las novedades que abonan tal afirmación se cuentan la decisión del comandante de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, quien se negó a tomar posesión de su cargo como senador, argumentando falta de garantías jurídicas para los ex combatientes y el evidente sabotaje del nuevo mandatario, el ultraderechista Iván Duque a cualquier acuerdo sólido y confiable con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cuenta con cinco mil efectivos y se ha convertido en la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

Ni el ex presidente Juan Manuel Santos ni su flamante sucesor han tomado medida alguna para detener los crímenes del paramilitarismo.

De enero a junio de este año 137 líderes comunales han sido asesinados por las llamadas autodefensas cuya disolución jamás se ha cumplido cabalmente, y se estima que están en severo riesgo los miembros de las juntas de acción comunal y consejos comunitarios, lo cual implica que una población de entre 500 y 600 mil personas se encuentra en posición vulnerable. Además, a dos años de la firma del acuerdo, fueron asesinados 64 ex combatientes de las FARC, 35 de ellos en lo que va de 2018.

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Otro fenómeno que contribuye a complicar el panorama es la conversión de algunos pequeños contingentes de las ex FARC en bandas delictivas vinculadas a los secuestros extorsivos y al narcotráfico.

Mientras esto sucede, la dirección del  ELN, fundado el 4 de julio de 1964 por Camilo Torres, se muestra escéptica sobre el avance de las negociaciones y exige un “acuerdo de Estado” para anunciar un cese del fuego definitivo, en pos de evitar que se desconozca lo pactado, tal como ha sucedido en el caso de las FARC, ya que los acuerdos quedaron a merced del Congreso y la Corte Constitucional, poderes que los han modificado, eliminado e incumplido.

A ello se suma el encarcelamiento del comandante Jesús Santich, que podría ser extraditado a Estados Unidos. y las recientes declaraciones de Duque, quien confirmó que hará “correcciones” a lo pactado, especialmente en lo que se refiere a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz que ofrece a los ex guerrilleros garantía de que no serán represaliados, un punto que fuera duramente criticado por el ex mandatario Álvaro Uribe, inspirador del paramilitarismo y mentor ideológico del nuevo presidente, durante la campaña para el plebiscito de 2016.

Pero hay más aún: El pasado 12 de julio un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las Milicias Bolivarianas de Bogotá (MBB), que se dio a conocer en Venezuela, reafirma la continuidad de la lucha armada “como única vía para salir de esta encrucijada en la que nos puso el gobierno al burlarse de la voluntad y el anhelo de paz del pueblo colombiano, todo esto bajo un falso proceso negociado con los mandos del antiguo secretariado  que vendieron sus principios y traicionaron el proyecto político por el que tanto lucharon los camaradas Miguel Marulanda (Tirofijo) y Jacobo Arenas, al igual que muchos otros que ofrendaron sus vidas por construir una nueva Colombia”.

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