1) ¿Era necesario un aumento de tarifas tras el cambio de gobierno en 2015?

Sí, era necesario revisar el esquema tarifario.

Si bien las tarifas no se mantuvieron congeladas entre 2002 y 2015 como se pretende instalar mediáticamente, las adecuaciones tarifarias realizadas no fueron suficientes para atender ciertos desequilibrios macroeconómicos.

En el año 2012 se crearon cargos extra-tarifarios destinados a la inversión en el mantenimiento y expansión de las redes de distribución: el FOCEDE en el caso del servicio eléctrico y el FOCEGAS en el del servicio de gas. Adicionalmente, en 2014 se realizó una actualización importante de la tarifa de gas.

Dentro del sector, el segmento que acumulaba mayor cantidad de problemas era el de distribución de la energía eléctrica, sobre todo en los grandes centros urbanos, debido al rápido crecimiento de la demanda y la falta de inversiones de las empresas concesionarias que fueron parcialmente suplidas con el FOCEDE. Sin embargo, el mayor impacto negativo del esquema tarifario era el creciente peso de los subsidios en el presupuesto público. A ello se sumaba la importación de gas natural para complementar la producción local, que había originado un déficit comercial desde 2011 y que contribuyó decisivamente a la reaparición de la restricción externa, es decir la escasez de dólares necesarios para sostener el crecimiento de la economía nacional. Por tal motivo, la gestión anterior lanzó exitosamente el Plan Gas con el fin de estimular la producción interna mediante la entrega de subsidios a la oferta.

Si bien estas variables del sector energético erosionaron el esquema macroeconómico del Gobierno anterior, no es correcto que existiera una crisis energética como argumentó el Ministro de Energía Juan José Aranguren para justificar los tarifazos.

2) ¿Los subsidios a la energía son malos de por sí?

No, la aplicación de subsidios es una decisión de política económica.

El subsidio consiste en el cubrimiento por parte del Estado de la diferencia entre el costo de la energía y la tarifa que paga el usuario final. Hasta diciembre de 2015 los usuarios debían afrontar una parte reducida del precio mayorista de la energía eléctrica y del precio del gas en boca de pozo, así como del costo de importar gas y combustibles para la generación eléctrica. A su vez, las empresas de transporte y distribución recibían transferencias y compensaciones por parte del Estado a cambio de mantener los cuadros tarifarios sin aumentos.

Un informe del FMI muestra que en 2015 el promedio mundial de subsidios energéticos era de 640 dólares por habitante y que Argentina subsidiaba a cada habitante con 413 dólares, es decir, un 35% menos que el promedio mundial.

La aplicación de subsidios es un instrumento común de política económica a nivel mundial porque la energía es considerada un RECURSO ESTRATEGICO ya que otorga a las economías nacionales competitividad y/o estabilidad de precios. Cabe destacar también que globalmente se está discutiendo el acceso a la energía como un DERECHO HUMANO, dado que posibilita nada menos que la cocción, la calefacción, la iluminación y el acceso a las tecnologías modernas.

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3) ¿Había otro camino para reducir la cuenta de los subsidios?

Si, existían otras formas.

El Gobierno de Macri descree de la función virtuosa de los subsidios energéticos en la economía y decidió eliminarlos casi por completo. Además, eligió eliminarlos a una velocidad varias veces mayor que el incremento de salarios y del ritmo de actividad comercial e industrial. La brutalidad decamino elegido es proporcional a la eliminación de impuestos progresivos como bienes personales o las retenciones a la exportación de productos agrícolas. En lugar de reducir el déficit fiscal mediante el aumento de la recaudación, el Gobierno de Macri primero desfinanció al Estado y luego quedó urgido de ajustar gastos para compensar la pérdida de ingresos.

Una verdadera reducción gradual de los subsidios energéticos sin eliminar impuestos progresivos debería haberse reorientado a la inversión estatal en salud, educación y ciencia y tecnología. Es decir, reducir el déficit fiscal para alimentar un círculo virtuoso de inversión y desarrollo socioeconómico.

4) ¿Mejoró el servicio público de electricidad con el tarifazo?

No mejoró.

El sector de distribución eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue controlado por concesionarios privados -EDENOR y EDESUR- que tienen por objetivo prioritario obtener una elevada rentabilidad en detrimento de la inversión en el mantenimiento y expansión de la red, de no mediar un fuerte control del Estado.

EDESUR reconoce en el mensaje a los accionistas incluido en el balance de los primeros nueve meses de 2017 que el aumento tarifario “permitirá recomponer la ecuación económico-financiera” y recién más adelante “revertir los efectos en la red de los acotados niveles de inversión” para así alcanzar “la normalización definitiva de la situación del servicio eléctrico prestado por la Sociedad”.

El último verano volvieron los cortes de luz a pesar del tarifazo. Tanto EDENOR como EDESUR reconocen que en 2017 la cantidad de horas promedio sin servicio por usuario fue mayor que en 2015.

5) ¿Son razonables las tarifas vigentes?

No son razonables.

El tarifazo energético es desproporcionado con relación al nivel de ingresos de la mayor parte de la población: la suma de los servicios de luz y de gas alcanza actualmente el 14% del salario en promedio. También afecta directamente el nivel de actividad de la economía local vía inflación y caída del consumo interno.

Si bien el objetivo manifiesto es reducir el peso fiscal de los subsidios, el Gobierno de Macri también está garantizando ganancias extraordinarias a las empresas energéticas. A través de la dolarización del precio de la energía eléctrica y del gas en boca de pozo como en los `90 las empresas se aseguran ingresos en dólares mientras que los usuarios deben afrontar el aumento de la tarifa en pesos con cada devaluación de la moneda.

Al final de la escala trazada por Aranguren en 2019, el precio promedio del gas en boca de pozo llegará a 6,8 dólares por millón de BTU –unidad de medida del gas-, muy por encima del precio promedio que pagaba el Plan Gas hasta 2015 para sustituir importaciones, muy por encima del costo promedio interno y muy por encima del precio del gas en otras partes del mundo. Algo similar ocurre con el precio mayorista de la energía eléctrica que resulta superior a otros países de la región.

También debe destacarse la falta de transparencia de los costos reales de las empresas transportistas y distribuidoras, algunas de ellas vinculadas con empresarios afines al Gobierno.

Por último, un párrafo aparte merecen los usuarios de gas en garrafas. Pagan más que los usuarios de gas de red y las garrafas no se consiguen al precio establecido por el Gobierno dada la debilidad de los controles sobre la cadena de producción.

(Editorial de Ignacio Sabatella, investigador del Conicet y el Instituto Gino Germani  en el programa radial “A Ciencia Cierta” de FM Boedo, 88.1 ).

Artículo publicado originalmente en el sitio La Esquina

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