El anuncio del Gobierno Nacional sobre la negociación para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjo un deja vú amargo y ocasionó un importante temblor en la arena política. Es que es imposible no retrotraerse a las consecuencias que generaron en el pueblo las duras exigencias que impuso el organismo financiero durante la presidencia de Fernando De La Rúa. El final anticipado del gobierno aliancista, con un tendal de sangre en las calles y más de la mitad de los habitantes en situación de pobreza, fue el triste colofón que debería haber sido suficiente para no caer en las mismas medidas económicas que hicieron colapsar al país. Sin embargo, 17 años después, el FMI vuelve a aparecer como una película de terror. Mientras el gobierno negocia con los técnicos del organismo de crédito, la masiva movilización del último 25 de mayo sirvió como termómetro del rechazo al inminente acuerdo. ¿Cómo se conformó el escenario actual que propició que la mesa chica del equipo del presidente Mauricio Macri tomara la decisión de golpear la fría puerta de Christine Lagarde? ¿Fue producto de la “pesada herencia” o el macrismo fue construyendo su propia crisis que hoy beneficia a los grupos más concentrados de la economía? 

El fantasma de la “F”

La disparada del dólar del mes de mayo evidenció que el sueño húmedo de los economistas amarillos de dejar flotar libremente dólar, hoy no puede ser posible sin pagar el costo de una devaluación que impacte de lleno en los bolsillos de la población. Por eso, el titular del Banco Central salió a vender dólares para frenar la corrida cambiaria, pero a sabiendas de que el objetivo de achicar el déficit fiscal, eje primordial de  esta gestión, se aleja cada vez más. El gobierno apela entonces incansablemente a la “pesada herencia” que dejó el kirchnerismo, a quien culpa de construir una sociedad sobresubsidiada, pero se hace el distraído en lo que respecta a sus propias responsabilidades. La eliminación de retenciones impositivas a la minería y al sector agropecuario, junto a los beneficios impositivos para empresas líderes como Techint (a la vez que la población soporta fuertes aumentos en los precios de los servicios energéticos) son el mejor ejemplo de una política de desfinanciamiento estatal. Los agujeros que quedan en la arcas del Estado, al dejar de recibir esos ingresos, son tapados con el costoso parche social del achique del gasto público.

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, NOVIEMBRE 13: El diputado Federico Sturzenegger durante la presentacion del IPC Congreso, el índice de inflación confeccionado en base a consultoras privadas, que en octubre fue del 2,25% y trepó al 41,25% en forma anualizada. Foto NA: JUAN VARGASzzzz

“Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó… ahora les digo a ellos: No retengan la soja, empiezen a liquidar para que ingresen divisas”, tuiteó Elisa Carrió en plena crisis cambiaria apelando a la lógica hecha frase de “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, que popularizó el Ministro de Economía alfonsinista, Juan Carlos Pugliese, en épocas de la “hiper”.

El sector agropecuario al que le habla la diputada de Cambiemos, es el de los pooles de siembra, exportadores de commodities, que se benefician con la devaluación, a la vez que los pequeños productores, que destinan su producción a un mercado interno que se achica cada vez más, no tienen la espalda para soportar el aumento de los precios de los insumos dolarizados. 

Suben y bajan, parecen ascensor

Lo cierto es que el tipo de préstamo “stand by”, al que puede acceder Argentina en su condición financiera para asegurarse una entrada de aproximadamente 30 mil millones de dólares (el BCRA posee 51 mil millones de dólares actualmente), no haría más que profundizar el ajuste ya iniciado en diciembre del 2015.

“El FMI no es el mismo de hace 20 años”, dijo el ministro de Hacienda Pública, Nicolás Dujovne en su intento de demostrar que volver al Fondo puede resultar beneficioso. Pero las exigencias del organismo para que haya un apretón de manos, no bajan del recorte en el gasto público, liberar el tipo de cambio y hacer una reforma laboral y previsional.  El organismo internacional de crédito no dejará de comportarse como lo hace ante cualquier préstamo: auditar celosamente las cuentas y poner metas de cumplimiento a corto plazo. Tal es así que el gobierno salió rápidamente en búsqueda del apoyo de los senadores de la oposición para lograr un acuerdo que garantice el fin de “gradualismo” y que abra las puertas a una política de “shock”. Sin embargo, no pudo lograr frenar la votación de la ley que ponía un techo al aumento de tarifas y que fue vetada rápidamente por Macri. Por ahora, Cambiemos se encuentra lejos del el objetivo de socializar con sus adversarios el costo político de las medidas que está llevando adelante.

Las bancarrotas se socializan, la ganancias se privatizan

Mientras tanto la inyección de divisas que proveerá el FMI irán destinadas, en mayor parte, a financiar la fuga de divisas que genera la bicicleta financiera. Otro ítem de consideración es que ese dinero cumplirá el rol de colchón que evite que el dólar se dispare y empuje aún más la inflación, aunque esa maniobra choque como contradicción ante el diagnóstico de los técnicos del FMI que consideran que Argentina tiene un peso sobrevaluado.

Lo que quedó fuera de discusión, antes de que el nombre del FMI apareciera en todos lados, es que la meta inflacionaria quedará lejos del 15 por ciento anual y hay consultoras privadas que ya estiman un 24 por ciento para cuando finalice el mes de diciembre.

Por eso, Hugo Moyano anunció que pedirá un 27 por ciento de aumento para los trabajadores agrupados en el sindicato de camioneros y el gremio ya está motorizando las primeras medidas de fuerza. De la vereda de enfrente, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apela a las cláusulas de revisión que figuran en los acuerdos para evitar reabrir paritarias, sin que ello garantice una recomposición salarial para la mayoría de los gremios que firmaron aumentos del 15 por ciento para todo el año. La puja salarial se encuentra muy lejos de los números reales y el paro general parece avecinarse.

Pasar la tormenta

En medio de la corrida cambiaria, el Banco Central pudo aquietar las aguas pateando la bomba para adelante, con la renovación de la totalidad de las Lebacs, pero a una tasa del 40 por ciento, y a mitad de junio deberá afrontar otra prueba con un vencimiento que puede afectar considerablemente las arcas del BCRA. El clima pesimista se ha contagiado hasta en la propia tropa del gobierno y eso no es menor en una gestión que ha hecho de “lo peor ya pasó”, un culto. El mismo Dujovne no se inhibió al admitir que “Argentina tendrás más inflación y menos crecimiento” y, como suele suceder en un escenario así, la conflictividad social tomará mayor protagonismo.

En ese clima, el oficialismo apuesta a fortalecer los vínculos que han generado con los movimientos sociales a través de del ministerio de Desarrollo Social que lidera Carolina Stanley, quien maneja un importante presupuesto. El proyecto de ley de expropiación de tierras puede garantizar momentáneamente que la presión social no desborde. “Es que, lamentablemente, así como el proletario no tenía otra cosa más que su fuerza de trabajo para vender, nosotros no tenemos otra mercancía que la paz social”, dijo Juan Grabois, dirigente de la CTEP, en una entrevista con la revista Crisis.

Con una CGT que amaga con salir de su posición expectante y con la firma todavía fresca del veto de la ley que frenaba el aumento de las tarifas, parece que la batuta queda del lado de los trabajadores informales. Por su parte, el macrismo intenta llegar lo menos golpeado posible a las elecciones presidenciales del 2019, pero con varias derrotas en el lomo: una inflación que no puede parar, recesión económica, el dólar que se estacionó por encima de los 25 y con una expectativa de mayor devaluación (el BCRA está vendiendo dólar a futuro casi 33 pesos) y el aroma a crisis que llegó para quedarse.  

 

 

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