Juan Ignacio Figueroa viajaba como mochilero hace casi un año y medio con la idea de llegar hasta Colombia. En su paso hacia el país cafetero, trabajó como bartender en el “Loki”, un reconocido hostel de Mancora, Perú. Con la experiencia adquirida, consiguió un voluntariado a cambio de hospedaje, en el HostelKamala” de Montañita, en donde trabajó durante seis meses. El pasado 29 de Abril falleció producto de un paro cardiorespiratorio, según indica el resultado de la autopsia. Sin embargo, las circunstancias de la muerte aún son poco claras.

Según testimonios que pudo recopilar la familia, en Febrero de este año, el joven de 25 años había tomado la determinación de renunciar a su empleo en el “Kamala”, debido a las precarias condiciones de trabajo. Su jefe, James, lo convenció para que siga en el trabajo a cambio de 50 dólares por mes. Mercedes Stazi, madre del Juan Ignacio, repudió el accionar de los dueños del hostel mediante publicaciones en redes sociales y un comunicado que difundió la familia a la prensa, en el cual acusan a los encargados del “Kamala” de intentar deshacerse del cuerpo sin vida: “Sabemos que trataron de sacar del lugar su cuerpo en un taxi, pero al no poder subirlo por la rigidez del mismo, al reconocer el taxista que mi hijo estaba muerto, se niega a trasladarlos”.

En el comunicado también se denuncia la falta de colaboración del Estado ecuatoriano y exigen a cancillería que se haga cargo del costo de repatriar los restos hacia Argentina. Por su parte, la policía le informa que el joven “se encontraba prácticamente en ‘situación de calle’, que su pasaporte lo tenía retenido el dueño del Kamala Hostel el Sr. James Ado” y que “no tenía pertenencias en el lugar, que dormía donde lo encontraba la noche y que a su vez mantenía una deuda con éste Sr. de 5 mil dólares por comida y bebida (cantidad suficiente como para vivir un año en Ecuador)”.

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El desinterés de la cancillería también se puso de manifiesto en el caso del ciudadano argentino Roberto Alejandro Domínguez, quien fue asesinado por un irlandés en Wilcabmaba, Loja, Ecuador, el 22 de Abril pasado. El agresor, quien tenía antecedentes por violencia de género, fue detenido. La familia de Roberto denunció que el gobierno tampoco quería pagar los costos por repatriar el cuerpo. Con este antecedente, la familia de Juan Ignacio había iniciado una campaña de donaciones para recuperar el cuerpo y lograron juntar 2.800 dólares. Pero este lunes aseguraron que el dinero será donado a una organización de lucha contra la violencia de género ya que finalmente, tras el rechazo de Cancillería argentina, los restos del joven serán trasladados esta semana a Rosario, gracias a los fondos que giró la provincia de Santa Fe.

El encubrimiento como factor común

En 2016, Montañita fue sacudida por el doble femicidio de las argentina Marina Menegazzo y Maria José Coni, de 21 y 22 años de edad respectivamente. Sus cuerpos sin vida aparecieron muy cerca del lugar donde trabajaba Juan Ignacio Figueroa, en el límite entre este pueblo y Manglaralto.

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Al igual que Juan Ignacio, Marina y María José eran mochileras. Vendían hamburguesas y ensaladas de frutas en la playa. La autopsia confirmó que las jóvenes fueron drogadas y abusadas antes de ser asesinadas. Tres de los implicados fueron condenados a 40 años de prisión. Uno de ellos era vigilador comunal. Familiares de las víctimas denuncian que hay más personas involucradas que participaron en el doble crimen, al  encontrarse 3 cadenas de ADN que no corresponde con la de los asesinos. Las familias apuntan contra el gobierno de Ecuador, por tener “frenada la investigación” y dan a entender que el delito puede estar relacionada con la trata de personas y el narcotráfico.

Trabajando en la “Amsterdam” ecuatoriana

El verano pasado, con un grupo de amigos y amigas, fui a trabajar a Montañita. Este pueblo está ubicado en el suroeste de Ecuador en el que viven 5000 habitantes, aproximadamente. A diferencia de la mayor parte del Ecuador, este punto turístico está invadido por los comercios, donde abundan emprendimientos y capitales argentinos, chilenos y europeos. Probablemente, la composición demográfica entre locales y extranjeros sea pareja. Las calles están llenas de locales de gastronomía argentina y peruana, hospedajes, bares y boliches.

El reggaeton suena a toda hora del día y la contaminación sonora se agudiza en horas de la noche y hasta comienzos de la mañana. No es raro que por las noches ocurran decenas de situaciones de acoso callejero y durante el día se puede observar a los comerciantes discutiendo en función de ganar un cliente para sus locales de comida y hospedaje.

En Montañita conviven dos tipos de turismo que, en apariencia, son antagónicos, pero en la práctica se retroalimentan: uno caracterizado por la constante oferta de drogas y puestos callejeros de bebidas alcohólicas y boliches, destinado a los de miles de jóvenes (principalmente argentinos y chilenos) que ocupan los hospedajes durante las vacaciones, y el otro que prefiere ser denominado como turismo “viajero”. Son mochileros de toda latinoamérica que viajan hace meses o años y que ven en Montañita una posibilidad de ganar dinero para seguir viajando.

Para los “viajeros” hay variedad de oferta laboral. Desde venta de comida en la playa, música en los bares, malabares y artesanías en las calles, hasta voluntariados en hostels y trabajos remunerados en bares y hoteles. La mayoría de estos trabajos suelen estar precarizados, en negro, con sueldos bajos y jornadas laborales extendidas.

Algunos “viajeros” que trabajan en relación de dependencia se vuelven usuarios dependientes de la cocaína, debido a la necesidad de aguantar las extensas cargas horarias que les son impuestas. A veces, la droga las proveen los propios empleadores o encargados de los hoteles, bares y boliches. Teniendo en cuenta el tipo de relación laboral que se da entre comerciantes y viajeros, con mis amigos nos pareció que la mejor opción era trabajar por nuestra propia cuenta, vendiendo empanadas en la playa.

A los pocos días, varios vendedores ambulantes nos advirtieron que tengamos cuidado con el personal de seguridad de la comuna, qui si nos veían vendiendo nos iban a sacar de la playa y que en algunos casos llegarían a retener la mercadería y hasta amenazar con deportarnos. Al consultar desde cuando y porqué existe esta prohibición nos contestaron que esta medida se adoptó inmediatamente después del doble femicidio de Menegazzo y Conti. Hay que aclarar que en las leyes de Ecuador no se prohíbe la venta ambulante.

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Un día antes de irnos de Montañita, personal de seguridad de la comuna nos interceptó mientras vendíamos empanadas. Fue un domingo, el día que más se vende. Nos dijeron que sin credencial habilitante no se podía vender comida en la playa, que la misma valía 50 dólares y no se conseguían hasta dentro de dos meses. Cuando nos estábamos retirando de la playa, escuchamos que otra vendedora ambulante interpelaba a uno de los vigiladores de la comuna, quien intentaba retener su mercadería: “¿Cómo es la cosa con ustedes? Después del asesinato de las pibas, del cual ustedes son responsables, ¿hicieron algo para que no nos maten mas? ¿o la única medida que tomaron fue prohibirnos vender en la playa?”. 

En efecto, al caminar por las calles no se observa ningún tipo de información sobre prevención de violencia de género, tampoco en los comercios y hospedajes, ni siquiera en el local de información turística

El show debe continuar

Comerciantes de Montañita estiman que la temporada siguiente al doble crimen la afluencia turística cayó un 50 por ciento. La reciente muerte de Juan Ignacio aparece como otra amenaza para la principal actividad económica del pueblo  La actitud encubridora de la policía deja en descubierto la convivencia entre el narcotráfico, las fuerzas de seguridad, las autoridades de la comuna y su nexo con la explotación laboral a la que son sometidos los “viajeros”.

El temor a la baja del turismo podría explicar porque la Comuna de Montañita y las autoridades ecuatorianas niegan colaboración y evitan pronunciarse sobre las circunstancias de la muerte de Juan Ignacio. El desinterés y la falta de voluntad del Estado Argentino evidencian que para ambos gobiernos las ganancias valen más que las vidas.

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