Cumplir con la meta inflacionaria se ha vuelto una misión difícil de alcanzar para el gobierno nacional, en estos primeros dos años gestión. Lo que en palabras del presidente Mauricio Macri durante la campaña del 2015 era un “problema fácil de resolver”, hoy resulta una situación empantanada, que ni los propios economistas afines a esta administración pueden divisar una solución a corto plazo. Así como la proyección para el 2017 de una suba anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 18 por ciento quedó varios puntos por debajo del 24,8 que marcó el Indec, la meta del 15 por ciento para el 2018 está más cerca de ser un deseo que una estimación real. El aumento de la nafta, servicios básicos y transporte público en estos primeros dos meses, con una fuerte disparada del dólar en los últimos días de diciembre, configuran un escenario más que complejo en las discusiones paritarias que se están desarrollando.

La primera de las batallas ya se libró entre la Unión de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles (FEDEDAC), que acordaron un aumento del 19 por ciento promedio anual entre todos sus convenios colectivos y que no incluye una cláusula gatillo. Si bien este acuerdo excedió el pedido del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de que las paritarias no superen el 16,6 por ciento, quedó por debajo del 20 que puso la CGT como piso en la reunión que hubo en los primeros días de enero entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, con otros dirigentes sindicales.

Tal como adelantamos en la nota Estalló el “Hot Summer” bancario, todos los ojos están centrados en lo que resulte en la pulseada entre la cámaras empresarias Abappra, ABA y Adeba, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y la Asociación Bancaria. El ofrecimiento de un incremento salarial de un 9 por ciento, en cuotas, ha sido rechazado de cuajo por el sindicato que comanda Sergio Palazzo. Por ahora, rige la conciliación obligatoria y en algunos bancos se está aplicando la cláusula gatillo, puesto que el porcentaje logrado para el 2017 quedó por debajo de la inflación que midió el Indec. Otros gremios, como los de estatales, alimentación, docentes bonaerenses y petroleros, presionan para que también se cumpla con ese acuerdo. 

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Mientras tanto, el debate sobre la reforma laboral se va enfriando cada vez más. A priori, la intención del oficialismo era que el tratamiento de la ley se realizará la semana posterior a la reforma previsional. Rápidamente recularon y apuntaron a sesiones extraordinarias en febrero y, finalmente, esperan poder debatirla en abril o en mayo. El gobierno nacional tomó nota de lo que ocurrió en este último diciembre caliente, que parece haber marcado un punto de inflexión en lo que atañe a la movilización popular: envalentonados con la buenos resultados electorales en las legislativas de octubre, evaluaron equivocadamente que existía cierto consenso social para apurar las reformas estructurales que reclaman las cámaras empresariales (especialmente después de la aprobación de la reforma laboral en Brasil) y los organismos internacionales de crédito. Pero el termómetro de la calle marcó que a la quita de derechos adquiridos por parte de las clases populares, se opondrá una ferviente resistencia. Si bien, no alcanzó para frenar el cambio de cálculo en el cobro que perjudica a jubilados y pensionados, sí se puso la vara alta en cuanto al nivel de masividad de la disputa callejera.

“Envalentonados con la buenos resultados electorales en las legislativas de octubre, desde el Gobierno evaluaron equivocadamente que existía cierto consenso social para apurar las reformas estructurales que reclaman las cámaras empresariales”.

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En ese sentido, el macrismo paró la pelota y empezó a negociar con cada uno de  los diputados del bloque del Partido Justicialista. Las declaraciones públicas de Miguel Ángel Pichetto, adelantando la oposición de su bancada a tratar la reforma, choca de lleno con la estrategia del Gobierno. El senador no titubeó en revelar que votaron a favor del ajuste a los jubilados por las “ventajas” fiscales que lograron para sus provincias, cuestión que no se dará de igual manera en el caso de la reforma laboral, por lo tanto el poder de negociación es mucho menor.

Más allá del escenario que se vislumbra en el Congreso, el resultado de la puja interna de la CGT resultará clave respecto al nivel de oposición que materialice la futura conducción a este proyecto de ley. La CGT pasó de sacar chapa por haber logrado que en los debates en Comisión se suprimieran del borrador los artículos más regresivos para el conjunto de la clase trabajadora a, directamente, oponerse en su totalidad en el plano discursivo. A pesar de ese “triunfo”, el triunvirato compuesto por Héctor Daer, Juan Carlos Schimd  y Carlos Acuña, como dirección está llegando a su fase final. El malogrado paro general contra la reforma previsional, con el gremio de transporte que encabeza Roberto “Gallego” Fernández bajándose a último momento de la medida de fuerza, es un buen ejemplo de la crisis interna que se vive puertas adentro de la central obrera que no ha logrado diagramar un plan de lucha efectivo que ponga un freno a la ola despedidos de esta etapa macrista. Habrá que ver si la figura de Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, uno de los candidatos que vuelve a sonar para hacerse cargo del secretariado general, impulsado por el Movimiento de Acción Sindical Argentino, conforma a la mayoría de los dirigentes sindicales que tiene mayor peso de tracción. O por caso contrario, Daer, del sindicato de Sanidad y del sector de los “gordos”, logra quedarse con el futuro unicato.

“El triunvirato compuesto por Héctor Daer, Juan Carlos Schimd  y Carlos Acuña, como dirección está llegando a su fase final”.

Mientras la CGT se reorganiza en miras a marzo, varias consultoras privadas estiman que los aumentos de precios marcarán un 6 por ciento de inflación en este primer trimestre. A esto hay que sumarle las subas programadas para abril, mayo, octubre y noviembre, lo significa que con el correr de los meses no habrá un desaceleramiento del proceso inflacionario. En ese escenario, el gobierno nacional, fiel a su clásica concepción liberal de la economía, atribuye que el aumento de los salarios es el factor de más peso que empuja la suba de precios. Una verdad a medias, sino se pone en discusión el nivel de rentabilidad empresarial. Marcos Peña, jefe de Gabinete, fue claro en ese aspecto. Si bien habló de paritarias “libres”, pidió “que la sociedad se comprometa con esta meta del 15 por ciento”.

Queda en evidencia que la única estrategia a la que apunta el gobierno para ganarle a la inflación es a través de generar un escenario recesivo y de enfriamiento económico, producto de la pérdida de poder adquisitivo en los bolsillos de los trabajadores, con paritarias a la baja y los miles de despedidos que se suceden día a día, en el ámbito estatal y privado. El fin de la paritaria nacional docente, a través de un decreto, y la quita del nivel de representación que tienen CTERA en la mesa de negociación; el aceleramiento de las causas judiciales contra varios dirigentes de la CGT, en una suerte de continuidad de la política por otros medios; y la licitación para la compra de 15 millones de balas de goma forman el combo disciplinador que intentará imponer el gobierno para que esta vez no se le escape la zanahoria inflacionaria.

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