Si quedaba alguna duda acerca del carácter criminal de la represión israelí contra los palestinos, el asesinato de Ibrahim Abu Thuraya, un joven de 29 años, por parte de un francotirador del ejército de Israel, es más que elocuente. La víctima trabajaba como lavador de automóviles y vivía en el campo de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, había perdido ambas piernas durante el transcurso de la Operación Plomo Fundido en 2008 y se desplazaba en una silla de ruedas. Su victimario, entonces, decidió apuntarle a la cabeza y matarlo, como método disuasivo.

Las imágenes recorrieron el mundo –el joven agitando una bandera palestina, levantando ambos brazos en gesto de victoria y, la última, llevado por sus amigos y desangrándose- pusieron sobre el tapete la relevancia de las protestas masivas en Gaza contra la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, considerada también ciudad santa por islámicos y cristianos.

Al respecto, el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR) ha condenado las irresponsables declaraciones de Trump y destacado que el estatuto legal de Jerusalén, en tanto que parte integrante del territorio palestino ocupado, está regulado en el derecho internacional de acuerdo con las resoluciones emanadas de la ONU y la Corte Internacional de Justicia, como lo admiten las 154 naciones que votaron a favor del reconocimiento de los derechos territoriales de Palestina, usurpados en 1967.

El documento del PCHR señala asimismo que el derecho palestino a Jerusalén deviene de una legislación internacional que no puede modificarse por la vía declaraciones o medidas políticas, y añade que la declaración sentencia a su emisor por infringirla, al tiempo que constituye otros dos delitos. El primero, un crimen de agresión contra el pueblo palestino, debido a que las manifestaciones del presidente estadounidense significan un respaldo explícito a la anexión de territorios por medio de la fuerza y el segundo, un crimen de guerra, ya que sus palabras evidencian complicidad con la actividad del asentamiento de Israel en Cisjordania, Jerusalén incluida.

Cabe señalar que el Congreso de EEUU reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 1995, pero desde entonces todos los mandatarios retrasaron el traslado de la embajada para preservar la paz en el Medio Oriente, un tema que al belicista Trump parece importarle muy poco.

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