Con el contundente triunfo electoral de Cambiemos, el gobierno nacional avanza a paso firme con la reforma laboral que desde hace tiempo viene reclamando el empresariado argentino, y que el oficialismo sostiene como imprescindible para “el crecimiento del país”. En esencia, se trata de reducir los costos impositivos y laborales a los empleadores, para lo cual los trabajadores deberán ceder buena parte de sus derechos.  

El “gran acuerdo nacional” fue presentado por Mauricio Macri ocho días después de las elecciones en el Centro Cultural Kirchner, ante la presencia de gobernadores, ministros, funcionarios de la Justicia y el Congreso, dirigentes gremiales y, la parte más interesada en el asunto: organizaciones empresariales relacionadas al campo, la “patria financiera” y la industria.

Mientras el presidente anunciaba la iniciativa como el camino para “generar empleo” y “eliminar la pobreza”, afuera, las organizaciones sociales Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la CTEP protestaban delante de un fuerte cordón policial listo para reprimir.

El Gobierno elaboró un proyecto “borrador” con las reformas laborales que intentará aplicar y se lo entregó a las autoridades de la CGT, que hasta ahora no han hecho grandes cuestionamientos. Por el contrario, más de un pope sindical recibió con beneplácito las reformas. El propio Antonio Caló había anticipado en el coloquio de IDEA que “todos queremos bajar el costo laboral”. Otros, con un poco más de vergüenza, dijeron que analizarán “la letra chica”.

En la tarde de este viernes, la CGT le advirtió al Gobierno que no aceptará el proyecto de ley de reforma laboral tal como está  porque “se pierden derechos”, aunque aceptó conformar mesas técnicas de ambas partes para continuar negociando la iniciativa. Si bien el documento probablemente no sea el mismo que llegue al Congreso para ser tratado, desde Contratapa analizamos algunos puntos que son considerados centrales para la administración macrista y, en especial, para el empresariado.

Para Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), “lo más preocupante del proyecto es que propone una modificación a la ley de Contrato de Trabajo”, donde están consagrados los derechos básicos que los trabajadores fueron conquistando a lo largo de la historia. “Entendemos que este proyecto hay que rechazarlo de plano. Habilitar la discusión parlamentaria para ver qué artículos sí y qué artículos no de esta iniciativa, aún si se aprobaran solo 60 artículos, sería perjudicial para los trabajadores”, dijo Cremonte en diálogo con Contratapa.  

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Y analizó: “El Gobierno venía planteando la necesidad de hacer reformas sectoriales, nunca habló de una reforma laboral estructural a la brasilera como esta. Es evidente que esto no lo prepararon ahora, ya lo venían planificando desde antes de las elecciones”.

El “blanqueo” laboral, es una de las medidas núcleo del proyecto. A los empleadores que entren en el beneficio se les extinguirán sus multas, infracciones, u otros incumplimientos en relación al registro en el empleo. Es decir, si fueron incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), existente desde 2014 para combatir el empleo no registrado, el trabajo esclavo e infantil, podrán darse de baja de tal registro y se les condonará la deuda por el no pago de aportes y contribuciones. La condonación será del 100% si lo hacen en los primeros 6 meses, o del 70% si blanquean en los segundos 6 meses.

“Es una condonación de de deuda sin precedentes para los empresarios. Además, le quita al trabajador una herramienta fundamental que es la intimación al blanqueo”, opinó Cremonte.

Y agregó: “Hoy no es tan costoso poner a un trabajador en blanco. No es que no los registran porque les sale mucho dinero, no los formalizan porque de esa manera pueden pagar salarios por debajo de lo que marcan los convenios”.

Otra de las conquistas del empresariado si avanza la reforma tal como está será la posibilidad de pagar indemnizaciones más baratas. En el caso de despedir a un empleado, el cálculo indemnizatorio no contemplará aguinaldo, horas extras, comisiones, premios, bonificaciones ni ningún otro haber no regular. Además, se reduce de dos años a uno el plazo para poder realizar una demanda laboral una vez finalizado el vínculo.

En otro de los puntos, el proyecto propone que los sindicatos y las empresas negocien un Fondo de Cese Laboral, que funcionaría como una especie de seguro de desempleo pero con aportes provenientes del salario del trabajador y contribuciones del empleador para su propio despido. Es un sistema que ya funciona en el gremio de la construcción. Este fondo reemplaza la responsabilidad que hoy tiene el empleador en los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976) sobre preaviso y despido sin causa.

Por otra parte, se crearán instituciones sin fines de lucro que administrarán ese dinero. Los empleados podrán utilizarlo una vez que se jubilen, o en un 50% del total en caso de retiro voluntario.

“La indemnización no sólo funciona como un resarcimiento por el despido al trabajador, sino que también tiene una finalidad disuasiva para que el empleador no despida a alguien sin causa. Ahora, si hay un fondo que se hará cargo de eso, el empleador no tendrá ningún costo por despedir.  Por un lado se plantea como finalidad de la ley la creación de empleo, pero contrariamente se abarata el costo de los despidos. Esto puede alentarlos, o al menos, probablemente, hacer que el empleador no se reprima a la hora de tomar esa decisión”, sostiene Cremonte.  

La tercerización laboral será otra de las facilidades que obtendrán las grandes empresas, ya que no se responsabilizarán de ningún incumplimiento laboral de sus contratistas (o firmas tercerizadas). La medida facilita además la subcontratación. Para ello el proyecto actual propone modificar el Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1976.

También, flexibiliza el criterio de “ius variandi” que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. Se modifica la Ley de Contrato de Trabajo y se establece que el empleador estará facultado para introducir todos aquellos cambios y modalidades de la prestación del trabajo, siempre que no causen perjuicio material o moral al trabajador. Hasta ahora el empleado puede, en esos casos, optar por ser indemnizado o accionar judicialmente contra su patrón con la posibilidad de obtener la reposición de sus condiciones previas. De aprobarse la reforma, sólo podrá ser indemnizado y en todo caso ajustarse a lo previsto por el convenio colectivo, con más trabas para ir a un juicio.

La primera reacción gremial contundente contra la reforma laboral llegó de parte de las CTA. Ambas, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, se declararon en estado de “sesión permanente” y adelantaron que se movilizarán al Congreso cuando la iniciativa sea debatida en el recinto. La CGT, más a tono con los tiempos políticos que corren, decidió por ahora acompañar el debate.

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Cremonte no quiere “prejuzgar” el comportamiento de quienes deben representar los intereses de los trabajadores y espera una reacción. “Hubo algunas declaraciones de dirigentes que parecieron dar un guiño a la reforma. En un momento dijeron que habían recibido el compromiso del Gobierno de que no se modificaría la ley de Contrato de Trabajo. Ahora que se plantea, habrá que ver. Pero me cuesta creer que una ley tan regresiva de los derechos de los trabajadores no merezca una fuerte resistencia por parte del movimiento obrero”, señaló el abogado.

“Me cuesta creer que una ley tan regresiva de los derechos de los trabajadores no merezca una fuerte resistencia por parte del movimiento obrero”

La Asociación de Abogados Laboralistas reaccionó duramente contra el Gobierno cuando en junio de este año el propio presidente Mauricio Macri salió a denunciar, aunque solo discursivamente, la existencia de una “mafia de los juicios laborales”, donde los abogados del fuero del trabajo personificarían algo así como los Tom Hagen de Don Corleone en los tribunales.

“Todo este año, ante cada ataque del presidente a los abogados laboralistas, a la justicia laboral, lo que decíamos era que lo que de fondo querían era instalar en la opinión pública la idea de que la defensa, la representación de los trabajadores era el problema que había que resolver. Y que seguramente sería la excusa para presentar una reforma laboral muy regresiva. Lamentablemente no nos equivocamos. Incluso el lunes, cuando planteó la reforma volvió a hablar de las mafias de los juicios laborales, creada para perjudicar a los empresarios. Sin embargo no hubo nunca una denuncia penal sobre ese tema”, concluyó Cremonte.   

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