El bar Koxka

Era una madrugada de las Ferias de Altsasu o Alsasua, un pequeño pueblo ubicado al noroeste de la Comunidad Foral de Nafarroa (Navarra), a unos 50 kilómetros de distancia de Iruñea (Pamplona). En el bar Koxka del centro del municipio, hubo al parecer una serie de altercados entre varios parroquianos del lugar y dos guardias civiles, que estaban fuera de servicio junto a sus parejas.

Se dice que los guardias civiles fueron increpados por algunos jóvenes y se les pidió que abandonaran el lugar, hubo forcejeos y golpes varios. Producto de esto, uno de los agentes sufrió una fractura de tobillo y fue intervenido quirúrgicamente. Se dijo también que los dos agentes fueron atacados a golpes por un grupo de más de cincuenta personas, y terminaron yéndose “linchados” de Altsasu.

El informe inicial elaborado por la Policía Foral, quienes fueron los primeros en llegar, habla de posibles delitos de “atentado a agente de la autoridad y lesiones”. Fueron ellos, la Policía Foral, quienes realizaron las primeras detenciones la misma mañana de los hechos y, durante el día, continuaron sin perder la oportunidad de “cachiporrear” a aquellos que se acercaban a la comisaría de Altsasu por explicaciones. Por su parte, la Guardia Civil, en su primer informe elaborado al respecto, rechaza la idea de que se haya producido un linchamiento organizado y mucho menos un acto de terrorismo.

Pero del primer informe de la Guardia Civil se pasa a la versión final, respaldada por todos los partidos políticos españolistas y la prensa sensacionalista, que comienzan una campaña de difamación contra el pueblo de Altsasu, intentando criminalizar a sus habitantes. Se prepara así un escenario que cobra más relevancia a partir de que la aparición de la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE), una organización que pretende “combatir” al terrorismo de ETA y a quienes lo justifican. La COVITE interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional provocando el traslado del caso de la jurisdicción Navarra a un ámbito Nacional, e instalando en la opinión pública la idea de que se cometieron en Altsasu delitos de terrorismo e incitación al odio.

Es así como finalmente, de las más de 50 personas que supuestamente atacaron a los Guardias Civiles, sólo 12 han sido imputadas por delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo. En suma, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió 375 años de prisión para ocho de los acusados. 

Pero vayamos por partes. Veamos cómo fueron sucediendo los hechos cronológicamente.

Luego de que sucediera el supuesto “linchamiento” son detenidas dos personas, una en las inmediaciones de los hechos y la otra en la puerta de la comisaría de la Policía Foral cuando fue a brindar su apoyo al otro detenido. Ellos son Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin, que son trasladados a Pamplona en condición de detenidos e incomunicados para comparecer con la jueza Mari Paz Benito de la Audiencia Provincial de Navarra, pero que rápidamente son puestos en libertad con medidas cautelares.

Los nombres de Adur, Jokin y Oihan en la pancarta que reclama su liberación
Los nombres de Adur, Jokin y Oihan en la pancarta que reclama su liberación

Tres días después de la trifulca, Consuelo Ordóñez, en representación de la organización COVITE, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional la cual instala los delitos de terrorismo e incitación al odio, que hasta ese momento no habían sido tenidos en cuenta. La presión de esta organización con el beneplácito de la fiscalía logran que el caso sea trasladado de la Audiencia Provincial a la Audiencia Nacional, a cargo de la jueza Carmen Lamela.

Comienza un desfile de varios ciudadanos de Altsasu, que acuden voluntariamente a declarar, pero que la jueza Benito, aún al frente de la causa, no recibe. Ellos son Adur Ramirez de Alda, Julen Goikoetxea, Oihan Arnanz, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola y Edurne Martínez.

En los primeros días de noviembre, con la causa ya bajo la tutela de la Audiencia Nacional, la jueza Carmen Lamela identifica a doce jóvenes de Altsasu como supuestos participantes, acusándolos de “terrorismo”. De los doce jóvenes, son detenidos diez y trasladados a Madrid (los otros dos son menores y al parecer se decidió no detenerlos). Los detenidos son Ainara Urkijo, Adur Ramirez de Alda, Aritz Urdangarin y Edurne Martinez, quienes son puestos en libertad luego de declarar, mientras que Iñaki Abad, Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jokin Unamuno, Oihan Arnanz y Jon Ander Cob permanecieron encarcelados. Unos días después es ingresado a prisión Adur Ramirez de Alda.

Gracias a la enorme presión popular, con movilizaciones en Altsasu de 20.000 personas – en el pueblo viven alrededor de 7.000- el 20 de diciembre son puestos en libertad Aratz Urrizola, Jon Ander Cob, Iñaki Abad y Julen Goikoetxea, y quedando privados de su libertad hasta el día de hoy Oihan Arnanz, Adur Ramirez de Alda y Jokin Unamuno.

Hubo masivas movilizaciones en Altsasu para pedir “justicia” y “proporcionalidad” por los imputados de "terrorismo"
Hubo masivas movilizaciones en Altsasu para pedir “justicia” y “proporcionalidad” por los imputados de “terrorismo”

Desmontando un montaje

Veamos algunas claves a tener en cuenta de por qué este caso es un nuevo montaje llevado a cabo por la Guardia Civil, defendido por los partidos españoles y fogoneado desde la prensa sensacionalista.

¿Fue realmente un “linchamiento”? De haber sido así, las lesiones que sufrieron los dos agentes de la Guardia Civil no hubieran sido solamente una fractura de tobillo sino muchísimo más graves. De haberse tratado de un “linchamiento”, ¿cómo lograron llamar telefónicamente al cuartel de la Guardia Civil pidiendo auxilio y a una ambulancia para que los asista, si estaban siendo víctimas de un brutal ataque? Quien llega primero al lugar de los hechos es la Policía Foral, avisados por sus colegas de la Guardia Civil, que acuden a ellos en socorro. La Policía Foral al llegar encuentra cerca del bar a los agentes de la Guardia Civil y sus parejas sin que nadie los estuviera agrediendo. ¿Si la tensión y la latente amenaza de nuevas agresiones era tal, porque no evacuaron a los cuatro denunciantes? ¿Por qué en vez de evacuar, la Policía Foral no sólo se quedó en el lugar, sino que encima tuvieron tiempo de arrestar a Jokin Unamuno?

Los denunciantes no declararon inmediatamente, lo hicieron varios días después, bajo órdenes de sus mandos, lo que puede generar la sospecha de que hubo tiempo de armar el montaje para que no hubiera contradicciones en sus declaraciones, cosa que de todas maneras sucedió. Hay varias incongruencias entre los testimonios de los Guardias Civiles y sus parejas. Una de las novias declaró que fue una pelea violenta en un bar, pero jamás habló de un “linchamiento”, ni hubo 50 atacantes, según su versión, en definitiva fue una pelea de bar.

Una de las novias declaró que fue una pelea violenta en un bar, pero jamás habló de un “linchamiento”, ni hubo 50 atacantes

Además, “policontusiones de carácter leve” en tres de los denunciantes, y una rotura de tobillo sufrida por uno de ellos, tal como informan los reportes médicos, no parecen ser el resultado de una paliza proporcionada por 50 personas llenas de odio a dos Guardias Civiles y sus parejas como intenta insinuar la fiscalía.

Al parecer tampoco se sospechó en un primer momento de que los denunciantes, en vez de declarar ante la Policía Foral, por ser quienes se presentaron en primera instancia, lo hicieran con la Guardia Civil.

¿Y qué tiene que hacer una organización como COVITE en todo esto? ¿O estamos ante un nuevo caso de caza de brujas de todo aquello que sea o huela a abertzale? Es evidente lo especulativo y circunstancial del hecho. Al parecer vuelve a usarse aquella carta de “Todo es ETA”.

Los ocho imputados por “terrorismo” por una pelea de bar en Altsasua serán juzgados a partir del 16 de abril en la Audiencia Nacional
Los ocho imputados por “terrorismo” por una pelea de bar en Altsasua serán juzgados a partir del 16 de abril en la Audiencia Nacional

La idea de introducir la acusación de “delito de terrorismo” debería implicar que se genere un estado de terror en la población, pero por lo antes relatado no ha habido un delito de atentado ni los denunciantes recibieron lesiones graves. La acusación de “incitación al odio” tampoco corresponde. Además es un poco aventurado pensar que con la supuesta agresión los imputados intentaban coaccionar a los poderes públicos, provocando un estado de terror en la población de Altsasu y alrededores.

Volvamos a la idea del delito de “incitación al odio”. Según el derecho del Estado Español, si los insultos y las agresiones a un Guardia Civil por su condición de agente de la autoridad es en sí mismo un delito de atentado, no puede ser a la vez un “delito de incitación al odio” porque se estaría castigando dos veces a la misma conducta, algo que está prohibido por el derecho hispánico. Además existe un segundo problema y es el de la tipificación del mismo. Según el Código Penal que intenta aplicar la fiscalía, el delito de “incitación al odio” puede producirse por un montón de razones diferentes, pero esta no incluye la “agresión por profesión o pertenencia al funcionariado público”, en este caso, guardias civiles.

Por otro lado, se produce otra irregularidad: las detenciones realizadas por la Guardia Civil se efectuaron varios días después del hecho, sin orden judicial y no se registraron los hogares de los detenidos. La prisión preventiva se aplica de manera excepcional, para asegurar que el imputado no se fugue. Pero en este caso, es evidente la predisposición de los imputados, que voluntariamente se apersonaron a declarar, incluso más de una vez, tanto en la Audiencia Nacional como en la Audiencia Provincial de Navarra.

Por último, en el Derecho Penal existe el principio de proporcionalidad el cual se ha visto vulnerado en este caso. Este principio responde a la idea de evitar una utilización desmedida de sanciones que conlleven una privación o restricción de la libertad. Si tenemos en cuenta que fueron agresiones a fuerzas del orden que estaban fuera de servicio, con lesiones leves según los partes médicos y terminan solicitándose procesamientos por delitos de terrorismo, incitación al odio, atentado a la autoridad y un largo etc, vemos que no hay un correlato entre una cosa y la otra. Sobre todo si se está pidiendo a los procesados (recordemos que procesados no sólo son los tres encarcelados si no todos los que fueron imputados en un principio) penas que suman 375 años de cárcel, y en numerosos casos comparativos, a distintos imputados las penas no han sido superior a los dos años y algunos cientos de euros de multa.

Altsasu se moviliza para reclamar contra los montajes policiales
Altsasu se moviliza para reclamar contra los montajes policiales

Todo lo antes expuesto hace inevitable que pensemos que hay intenciones extrajudiciales en el caso de Altsasu, que el evidente montaje llevado adelante tiene una idea de establecer una tipificación ejemplarizante. Como se ha dicho anteriormente, lo ocurrido en Altsasu ha sido utilizado por medios sensacionalistas de toda España para atacar al gobierno navarro y a los partidos que lo apoyan, y para justificar la “asfixiante” presencia de la Guardia Civil en Navarra presentando a las “fuerzas del orden” como víctimas en todo esto. Los mismos habitantes de Altsasu dicen esto. Se sienten amenazados y provocados constantemente con la presencia de la Guardia Civil en el pueblo, y desde lo ocurrido en el bar Koxka, esto ha sido cada vez más intenso.

Un año después

Mientras tanto, el Estado español sigue persiguiendo a quien muestre un pequeño acto de apoyo a los presos de Altsasu. La policía acosa a todo aquel que lleve una remera pidiendo libertad de los presos, con la consigna #AltsasukoakAske, una pegatina, bandera o lo que sea. Les han llegado multas emitidas por la Guardia Civil a varios jóvenes acusados de portar pancartas en movilizaciones. Incluso Adur Ramirez de Alda es llevado a aislamiento durante más de diez días al gritar “eskirrik asko” desde la ventana de su celda a una manifestación silenciosa que se llevaba a cabo en los alrededores de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra recluido. Otro ejemplo del despropósito con el que son tratados estos chicos.

Al igual que con los presos políticos vascos, los tres presos de Altsasu y sus familias y amigos sufren la dispersión. En un principio los tres se encontraban presos en la cárcel de Soto del Real, pero ahora Oihan Arnanz fue trasladado a Navalcarnero y Adur Ramirez de Alda a Aranjuez, mientras que Jokin Unamuno continúa en Soto del Real, todas ubicadas en Madrid. La familia de Adur se enteró el mismo día de la visita que Adur fue trasladado. Esta familia también ha sufrido un accidente en la carretera producto de las largas distancias que deben recorrer, algo que podría solucionarse fácilmente, si sus seres queridos estuvieran en una cárcel más cerca del lugar de residencia habitual de los encarcelados. La política de dispersión a la que son sometidos los tres presos tiene dos caras: por un lado, la de alojar a los presos vascos en diferentes cárceles fuera de Euskal Herria, lo más lejos de sus familias, y por el otro, encarcelarlos en diferentes módulos dentro de una prisión. Se los mantiene separados del resto de sus compañeros con el fin concreto de la completa atomización del individuo, es decir, conseguir la pérdida de toda identificación colectiva por parte del preso vasco. La dispersión pretende anular al preso, desvincularlo de su ideología y adscripción colectiva y, en caso de no conseguirlo, terminar con él. Destruirlo.

Probablemente, los acusados continúen detenidos "preventivamente" hasta la fecha del juicio
Probablemente, los acusados continúen detenidos “preventivamente” hasta la fecha del juicio

Consideraciones finales

Lo cierto es que tres chicos siguen privados de su libertad y dispersados en cárceles a más de 400 kilómetros de su hogar, y esperando el juicio que se llevará a cabo en abril del 2018. El Estado, no importa el lugar del mundo del que estemos hablando, sigue usando cualquier instrumento a su alcance para mantener su hegemonía, a cualquier costo. Sigue encubriendo sus garras sin importarle el daño que cause, ni las desvergonzadas manipulaciones que emplee, mientras sus intereses sigan intactos. Usa al montaje como una de sus armas más eficaces para acallar cualquier tipo de disidencia que cuestione la esencia misma del Estado, o la usa como castigo disciplinador y ejemplificador para todos aquellos que desafíen su autoridad. Todo montaje tiene tres patas, la política, la policial y la mediática. Se necesitan la una a la otra. Tanto la pata política como la policial orquestaran todo el montaje, en medio de un gran show mediático, y los medios hegemónicos callarán las voces que intenten demostrar la verdad, y blindarán a aquellas que solo la tergiversan.

El Estado, no importa el lugar del mundo del que estemos hablando, sigue usando cualquier instrumento a su alcance para mantener su hegemonía, a cualquier costo.

Lo que se está viviendo en el último tiempo en la península es muestra del agotamiento del régimen iniciado en 1978. Leyes “antiterroristas” cuando no hay ninguna organización armada operando en la actualidad, “Guantánamos” españolistas, donde todo el Poder Judicial le facilita el trabajo a la Fuerza de Seguridad de turno para obtener la información que desee, de la manera que desee, y que convierte delitos menores o conductas lícitas en delitos terroristas que atacan al sistema constitucional, el cercenamiento de derechos de expresión con la “Ley Mordaza”, los montajes como el de “Titiriteros” o como la “Operación Pandora”, algo que podríamos llamar un auténtico “terrorismo jurídico”. Esta deriva regresiva e involucionista tiene a la jueza de la Audiencia Nacional, Lamela, quien está a cargo del caso Altsasu, como su brazo ejecutor, y quien quiere condenar a penas desorbitadas a un grupo de chicos por un altercado con Guardias Civiles.

 

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