El juez Federal Carlos Vera Barros procesó a 30 policías por la desaparición forzada y posterior crimen de Franco Casco, un joven bonaerense de 23 años cuyo rastro ese perdió el 6 de octubre de 2014 y 22 días después fue hallado en el río Paraná muerto y con signos de haber sido torturado. La víctima fue interceptada y detenida por efectivos de la comisaría 7° de Rosario.

Tres años después, el magistrado decidió procesar a los efectivos, entre los que se encuentra el jefe de la comisaría y cuatro integrantes de la división de Asuntos Internos. El juez consideró probado que el último lugar donde estuvo la víctima fue esa comisaría y, en virtud del artículo 142 del Código Penal, les imputó en distintos grados de participación el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte.

Según la resolución, hay elementos que permiten inferir que Franco fue detenido la noche de 6 de octubre y sometido a torturas en un calabozo de la seccional. Para el juez el personal policial fue responsable de la detención irregular de una persona y no aportar información sobre su paradero, cuestiones que se encuadran en el mencionado delito, con el agravante de la muerte de ese ciudadano. A varios de ellos se les dictó también la prisión preventiva para evitar que entorpezcan el curso de la investigación, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Franco llegó a Rosario a principios de octubre de 2014 para visitar a unos familiares en Empalme Graneros. Lo último que se supo de él fue que volvería en un tren a Retiro el lunes 6 de ese mes, pero nunca llegó. Su padre y su madre lo buscaron en comisarías, y en la 7ª no brindaron mayor información. Los policías de sospechados aseguraron que lo habían liberado y que nada tenían que ver con su ausencia. Sin embargo, los registros de la dependencia policial tenían muchas irregularidades.

En el momento que estalló el escándalo, Asuntos Internos de la policía provincial intervino en la investigación para ocultar y manipular evidencias -aseguran en la investigación- buscando instalar hipótesis que exculparan a los efectivos policiales. La justicia provincial avaló la versión policial y recién la investigación empezó a avanzar gracias al empuje de la familia y de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario.

Con este impulso se logró que la causa fuera caratulada como desaparición forzada y pase a ser investigada por la justicia federal. Las pericias posteriores demostraron que Franco ya estaba muerto cuando fue arrojado al río y que habría sido golpeado en la comisaría.

Salvador Vera, abogado de la familia, trazó un paralelo con el caso trazó similitudes con el caso Santiago Maldonado. Aseguró que “es alarmante cómo actúan las fuerzas de seguridad” y sostuvo que “parecería que hay un manual del desaparecedor”. “Atemorizan las similitudes”, manifestó.

Dijo que “pareciera que hay un manual del desaparecedor en función de cómo comenzar a trabajar sobre las pistas falsas y de cómo intentar embarrar a la víctima o la familia con diferentes versiones”. En ese sentido añadió: “en ambos casos había versiones de que se los habían visto en algún lado. En el caso Casco primero decían que lo habían visto en la Terminal de Omnibus y después en alguna calle”.

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