Según los datos que ofrece el portal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, existen 4595 unidades sanitarias destinadas a la atención de la salud de los 16 millones y medio de habitantes bonaerenses. De esa cantidad, son 2566 los establecimientos públicos (56% del total) y 2029 los de atención privada. Teniendo en cuenta los datos arrojados por el INDEC en el censo de 2010, para esa época el 35% de la población bonaerense carecía de cobertura de salud (obra social, prepaga o plan sanitario), cifra que hoy en día se ve aumentada dada la suba del desempleo y la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, cuando se habla de cobertura de salud se deja de lado la intensa actividad que se lleva adelante en los establecimientos públicos, que desde la consolidación del neoliberalismo en nuestro país, allá por los años 90, se encuentran sumidos en una grave crisis que produjo devastadoras consecuencias sobre la infraestructura, sobre los trabajadores de la salud y por supuesto, sobre la población. “Caer” en la salud pública es otro hecho que hemos naturalizado como preferible de evitar, aunque esta realidad no es producto solo de una década ni de la gestión actual, a pesar de que la situación del sistema sanitario ha colapsado en los últimos años y día a día se agrava por la falta de políticas concretas y por la aplicación de “medidas parche” que no solucionan a nivel estructural. Eso es algo a lo que ya nos acostumbramos.

El sistema público ante los embates de nuestra historia

A mediados de los años 40, durante la gestión de Juan Domingo Perón, el papel del Estado como propulsor y promotor de la salud pública gratuita para toda la población permitió el crecimiento de la actividad sanitaria y la mejora de las condiciones de vida para los sectores que hasta el momento no tenían acceso a la atención médica. En 1949 se creó el Ministerio de Salud, con el doctor Ramón Carrillo a cargo. La labor de este ministro quedó plasmada en la cantidad de políticas públicas destinadas a la consolidación de un sistema público de salud de calidad. A su vez, la emergencia de las primeras obras sociales ligadas a los gremios más importantes, comenzó a complejizar el panorama. En 1955, tras el golpe de Estado, el Gobierno de la Revolución Libertadora disolvió el Ministerio de Salud. Lo mismo ocurriría once años más tarde con el golpe encabezado en 1966 por Onganía, quien anuló el organismo que Frondizi creara en 1958 bajo el nombre de Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. En 1970, durante la dictadura onganista, se consolidó el sistema de Obras Sociales bajo la ley Nº 18.610, y en 1971, con el Decreto-Ley Nº 19.032, se creó el PAMI como un instituto de derecho público no estatal, ya que se financia con el aporte de sus afiliados. Es así como en los años 80 las obras sociales aumentaron su poder económico y la emergencia de las prepagas para las clases pudientes comenzó a dibujar un imaginario alejado del hospital público, que para esa época ya venía sufriendo los embates de los años de la dictadura y las políticas económicas de Martínez de Hoz, que sentaron las bases para el vaciamiento del Estado en los 90. Ante la creciente demanda de atención pública de la población que sufría el desempleo y la crisis económica, los hospitales públicos se vieron sumamente afectados por la falta de recursos. Y como todo lo que no resulta “eficaz y eficiente” el Estado debía sacárselo de encima, durante los años siguientes tampoco se hizo demasiado por prevenir un posible colapso sanitario, ni tampoco se impidió el deterioro de la infraestructura. Así fue como el sector privado logró crecer a pasos agigantados. El derecho a la salud se hizo negocio y hoy en día nos encontramos frente a un sistema fragmentado y con los establecimientos públicos en ruinas.

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El problema de los “recursos humanos”

El Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, del partido de General San Martín, fue fundado en 1954 y es reconocido por ser el único de alta complejidad en la “Región Sanitaria V”, que se extiende sobre trece municipios de la zona noreste del Gran Buenos Aires (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate).

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El gigante edificio ocupa una manzana entera y goza de prestigio por la calidad de su plantel y por su historia, pero la decadente estructura edilicia y la falta de equipamiento ponen en jaque a toda la actividad llevada adelante por los profesionales. La gran problemática que se desprende por esas cuestiones es la escasez de recursos humanos: aquellos agentes empleados por el Estado, hoy en día revalorizados discursivamente bajo el concepto de “capital humano”, no son más ni menos que profesionales de la salud desbordados y, en numerosos casos, contratados de manera no registrada o en condiciones laborales precarizadas.

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El salario promedio de un médico que trabaja hoy en día en el hospital público bonaerense está entre los 16 mil a 18 mil pesos. En un contexto en el que la situación económica aprieta cada vez más al bolsillo, los médicos terminan migrando al sector privado en busca de mejores condiciones que tampoco aparecen, por lo cual se prestan a múltiples empleos a fin de llegar “holgados” a fin de mes.

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En 2015 se iniciaron las obras en el Eva Perón para la ampliación de la guardia y hasta el día de hoy sigue en construcción, a pesar de que faltan “pocos detalles” para su inauguración, según afirman las autoridades. Pero las obras también deberían llegar a la totalidad del hospital, que cuenta, por ejemplo, con consultorios improvisados debajo de las escaleras por la falta de espacio para la atención. En el Servicio de Nutrición que se encuentra en la planta baja, se las ingeniaron para cubrir un enorme hueco en la pared con una plancha de melamina sostenida por una camilla cruzada en vertical.

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En la sala de farmacia del hospital hay agujeros de un metro de diámetro en el techo. “Esperemos que no salgan de ahí los walking dead”, bromeaba uno de los médicos en diálogo con Contratapa. Al parecer, el ingenio y el humor son herramientas para soportar tanta desidia.

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Además del problema económico, los profesionales de la salud se ven afectados también por la creciente violencia con la que muchas veces los pacientes reaccionan ante la demora o la falta de atención. Pero esto no es otra cosa que reacción y bronca social provocada por la violencia institucional que ejerce el Estado mediante su falta u omisión a la hora de mejorar la calidad de las condiciones laborales de sus empleados y asegurar, de esa manera, una atención digna para los pacientes.

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Las imágenes de nuestra visita al HIGA Eva Perón dejan en claro que  más allá de las “nuevas obras” no hay mejora posible para la comunidad, que ha naturalizado que la atención sanitaria que merece se va cayendo a pedazos al igual que el hospital. ¿Cómo no deprimirse o cómo no indignarse al ver las paredes destruidas, los baños arruinados o los pasillos oscuros porque no funciona la instalación eléctrica?

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Al tétrico escenario se le suman ventanas rotas en las habitaciones y en consultorios, los pisos inundados, la falta de personal de limpieza, el desborde en la guardia por la falta de médicos, la cancelación de turnos por la falta de especialistas, la derivación a otros centros por falta de camas y de equipamiento, la caldera y los sótanos inundados de aguas servidas, la mitad de las cámaras frigoríficas de la morgue sin funcionar. La lista sigue con numerosas situaciones que se viven allí a diario, pero que ya son parte de la rutina y están inscriptas como naturales en los cuerpos de los trabajadores y en los de los pacientes, que acuden allí en busca de algo parecido a la sanación.

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Cobertura “Universal” de Salud: un decreto para el traspaso

El 28 de octubre de 2015 el Congreso Nacional prorrogó la declaración del estado de emergencia sanitaria nacional hasta diciembre de 2017. En la provincia de Buenos Aires la situación se hizo insostenible para la ex ministra de Salud Zulma Ortiz, reemplazada en julio de este año por Andrés Scarsi, un médico diplomado en Salud Pública por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Con el argumento de que la emergencia sanitaria requería tomar medidas inmediatas, en agosto del año pasado el presidente Mauricio Macri ordenó a través del Decreto Nº 908/2016 la creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), financiada por 8 mil millones de pesos recaudados en el Fondo Solidario de Redistribución, en poder de la Superintendencia de Servicios de Salud y traspasados para este nuevo plan. Entre las disposiciones del decreto se menciona la constitución de una Unidad Ejecutora integrada por seis miembros: dos designados por el Ministerio de Salud, dos por la SSS y dos por la CGT, quienes tendrán a cargo la administración y ejecución de los proyectos. El apoyo financiero a las obras sociales no es una novedad, pero encuentra en esta estrategia un marco legal para seguir traspasando fondos públicos al negocio de la salud privada. Otra de las llamativas medidas del CUS es que se dispondrá de una “Canasta Básica de Prestaciones”, es decir, un paquete limitado de prácticas para los beneficiarios. En el portal del Ministerio de Salud bonaerense se detalla que los beneficiarios del programa Sumar-CUS abarcan a la población materno-infantil y a los trabajadores de hasta 64 años sin obra social. ¿Pero acaso la existencia de establecimientos de salud públicos no da a entender que la salud como derecho debe garantizarse libre, gratuita y universal? Ya son varias las organizaciones del sector de la salud que se proclaman en contra de la privatización de un modelo que hoy sobrevive a duras penas, sumido en la desinversión y con menos planes nacionales porque son dados de baja. Al parecer, la solución que le encuentra el gobierno a la crisis sanitaria es poniendo la salud de los argentinos al servicio del mercado (de unos pocos).

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