Mauricio Macrii

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó formalmente al gobierno de Mauricio Macri para que brinde explicaciones en una mesa de diálogo en base a “la avanzada oficial sobre los derechos de los trabajadores”, denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL). La audiencia se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en Uruguay.

Desde hace algunos meses el propio jefe de Estado se encargó de focalizar sus ataques en el fuero laboral al acusar a los jueces de quebrar empresas con sus fallos en favor de los trabajadores. Para el mandatario esta es la principal causa de que el desempleo no haya descendido desde que asumió al frente de la Casa Rosada.

Además de su embestida contra esta rama del poder judicial, el Gobierno también es observado por llevar adelante ataques y criminalizar a los sindicatos, así como la desacreditación pública de la actividad de los abogados laboralistas, a quienes el propio Macri calificó como una “mafia”.

“Este grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina”, dijo Macri en un ataque a Héctor Recalde, titular de la bancada del FPV en la cámara baja y reconocido abogado de ese fuero.

En ese sentido, el presidente de la AAL, Matías Cremonte, aseguró que en la Argentina “se agrede a sus defensores y la independencia del Poder Judicial para lograr su desprotección total”. “Planteamos que en realidad es un ataque hacia los derechos de trabajadores porque se está atancando la representación de los trabajadores”, aseguró. “Por eso hicimos una serie de denuncias internacionales, y la CIDH resolvió tratar el tema de la violación de los derechos laborales en la Argentina”, agregó en diálogo con en diálogo con el programa radial “Café Universidad” de la Universidad Nacional de Cuyo.

“Había un ataque sistemático en todo lo que tenga que ver con la intermediación entre trabajadores y empresarios, la acción colectiva a través de los sindicatos, la Justicia laboral. Ese ataque lo que intenta generar en la opinión pública es un descrédito de modo de poder avanzar en reformas laborales formales, pero también las que se dan de hecho, que son las más grave. Hoy estamos en una realidad que ante ciento de miles de despidos, el ministerio de Trabajo no actúa, no convoca a las empresas a que explique las razones”, indicó Cremonte.

“Es la primera vez que la CIDH trata un tema así. No debería ser tan extraño porque los derechos laborales son parte de los derechos humanos. Y el pacto de San José de Costa Rica tiene en su normativa referencia a los trabajadores y su defensa”, agregó el letrado, quien sintetizó la grave situación laboral en una frase: “Hay una suerte de zona liberada para que las empresas hagan lo que quieran. Eso es grave”.

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