Pocas respuestas le quedan ya al Gobierno nacional en su intento por desligar a la Gendarmería de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a pesar del enorme espaldarazo periodístico de todos los medios amigos, que intentan desviar el foco de atención hacia cualquier lado que no sea la fuerza de seguridad. Santiago no aparece en Chile, tampoco en Mendoza ni Entre Ríos. Ni siquiera en ese barrio de Gualeguaychú donde, según publicó Clarín, “todos se parecen” a él. A esta altura, incluso algunos comunicadores oficialistas se animan a decir que el joven tatuador “se les murió” a los gendarmes que participaron del operativo represivo durante la protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut.

Tras cumplirse un mes sin novedades sobre el paradero de Maldonado, y con un reclamo que se amplifica cada día con más fuerza en el país de los 30 mil desaparecidos, el caso se tornó en una verdadera piedra en el zapato que obliga al macrismo a correrse del discurso alegre y descontracturado que ordena el asesor Jaime Durán Barba en tiempos de campaña, para referirse, aunque más no sea para negar responsabilidades, a un detenido-desaparecido durante su gestión.  

Marcha Santiago

En ese marco, el Gobierno de Cambiemos, con el apoyo de aliados provinciales, activó una avanzada represiva a nivel nacional, con el objetivo de desactivar la protesta social no solo en las calles, sino también en colegios y locales partidarios de organizaciones políticas y barriales.

Tras la masiva movilización del viernes a Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de Santiago y exigir avances significativos de lo que se investiga bajo la carátula de “detención forzada”, las fuerzas policiales apresaron a 31 personas, en su mayoría en forma arbitraria, tres de ellas trabajadores de prensa. Todas -hombres y mujeres- quedaron alojadas en tres dependencias policiales acusadas de haber cometido los delitos de “intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad”.

La marcha y concentración había sido desde principio a fin absolutamente pacífica. Pero en momentos en que el público se dispersaba, se desató la violencia entre algunos grupos minoritarios y la policía, que salió a la caza de cualquier manifestante. Entre los detenidos no sólo hubo periodistas y fotógrafos. También cayó en la volteada un turista venezolano que pasaba por el lugar. Además, fueron varias las denuncias de quienes estuvieron en la plaza sobre la presencia de infiltrados. Policías caracterizados con zapatillas, capuchas y mochilas, fueron fotografiados deteniendo gente. 

Represión 2

Represion plaza de mayo

En la misma jornada de movilización y reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado, pero en la ciudad de El Bolsón, el destacamento local de la Gendarmería Nacional fue atacado con bombas molotov. Desprendiéndose de la movilización central, un grupo de entre 8 y 15 manifestantes con los rostros cubiertos, se acercó al escuadrón 35 de la Gendarmería Nacional, donde realizó pintadas y lanzó piedras y bombas molotov contra los efectivos allí apostados, que respondieron con gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes relató a FM Alas que varios corrieron a los que tiraron elementos con fuego y lograron alcanzar a uno, al que le sacaron el pasamontañas que tenía y describieron como “claramente un infiltrado, no comprometido con la causa de Santiago”.

Infiltrados

El incremento del accionar represivo no es casual, sino, por el contrario, premeditado y planificado. El lunes se conoció que el gobierno nacional, en conjunto con el gobierno bonaerense, decidieron “reforzar la seguridad” en la Casa Rosada, ministerios nacionales, provinciales, la sede gubernamental que utiliza María Eugenia Vidal y en establecimientos penitenciarios bonaerenses.

Las autoridades tomaron esa medida como respuesta a los ataques ocurridos la semana pasada en el partido bonaerense de La Plata. En esos hechos, dos autos fueron incendiados intencionalmente frente al Ministerio de Seguridad, mientras que durante una marcha por Santiago Maldonado un manifestante lanzó una bomba molotov a un anexo del Senado provincial. A pesar de contar con las cámaras de seguridad del municipio, los autores no fueron identificados.

Cada incidente, sea auto provocado o no, le sirve al Gobierno para justificar una verdadera cacería de militantes y persecución de la protesta social. Un documento supuestamente “reservado” del Ministerio de Seguridad misteriosamente se “filtró” y medios como La Nación o Infobae publicaron que el Gobierno había decidido “reforzar la seguridad” a raíz de la publicación en Facebook de una convocatoria a una “semana de agitación del 25/8 al 2/9”, relacionada al reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Curiosamente, al ser consultada por los autores de la convocatoria en el programa La Cornisa, de Luis Majul, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no pudo dar precisiones.

Reforzar la seguridad

El plan represivo, de todas maneras, ya se puso en marcha. Y son varios los hechos que así lo demuestran. Este jueves, seis personas fueron detenidas tras realizarse 15 allanamientos a sedes de organizaciones sociales y partidos que participaron de la movilización del lunes contra los casos de gatillo fácil, en la ciudad de Córdoba.

Allanamientos Córdoba

Organismos que adhirieron a la marcha denunciaron “amedrentamiento” por parte del gobierno que encabeza Juan Schiaretti, aunque desde la Fiscalía argumentaron que se trata de una “investigación de delitos comunes”.

El fiscal del caso, Gustavo Dalma, dijo que los allanamientos se realizaron debido a los incidentes ocurridos el pasado lunes durante una manifestación, aunque las organizaciones aseguraron que tenían conocimiento de que había policías infiltrados en la movilización, quienes, según denunciaron, causaron los destrozos, como roturas de locales de la zona.

También en Córdoba, un joven fue detenido por “incitación a la violencia”, a raíz de un mensaje en su cuenta de Twitter publicado durante una discusión pública en relación a la desaparición de Maldonado. “Hay que salir a matar gendarmes hasta que aparezca Santiago”, habría escrito el usuario, estudiante universitario, en la red social.

Llamativamente, la denuncia la había hecho la propia Gendarmería, que evidentemente se encuentra monitoreando las redes sociales para saber quiénes dicen qué cosas sobre el caso que tiene a la fuerza de seguridad como principal apuntada. El joven fue finalmente liberado, pero posiblemente la actitud de las autoridades le hayan servido de escarmiento, y muchos usuarios de redes, a partir de la publicación de la noticia, piensen dos veces antes de destilar su bronca con un mensaje público de protesta.

Un hecho similar y a la vez insólito se conoció este sábado. Una mujer que se encontraba internada en una clínica de salud mental, fue detenida por “amenazas” contra Antonia Macri, la pequeña hija del Presidente, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook en el que reclamaba la aparición de Santiago Maldonado. La detención la confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su cuenta de Twitter. “María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo”, se pavoneó la funcionaria.


En otro episodio de amedrentamiento, el pasado miércoles la Gendarmería ingresó a la Escuela de Media Nro. 6 del barrio San José de la localidad de Moreno, donde un grupo de estudiantes realizaba una protesta en reclamo de mejoras edilicias en la institución.

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“Los chicos no estaban cometiendo ningún delito con lo cual la intervención de la Gendarmería debería haber estado basada en una orden judicial y en una explicación que nunca existió. Es un atropello a sus derechos”, manifestó el intendente local Walter Festa.

Festa agregó que el reclamo por mejoras edilicias se encuentra “desde el año pasado en manos del gobierno provincial quien decide no tenerlo entre sus prioridades”.

Un día antes, en Capital Federal, hubo otro síntoma del aumento de la represión de la protesta social en las escuelas. Mientras el Gobierno porteño avanza en la implementación de la “reforma educativa”, esta semana estudiantes porteños realizaron asambleas y tomas en distintos colegios de la CABA. El martes, en dos de ellas, en el liceo 9 y el Antonio Devoto, oficiales de la Policía de la Ciudad ingresaron armados. 

“Pidieron explicaciones de lo que estaba ocurriendo y posteriormente se retiraron; entraron al colegio sin autorización cuatro oficiales de la misma fuerza policial, entre ellos el subcomisario de la jurisdicción. Estos ingresaron con sus armas de fuego y con una actitud amenazante aterrorizando a los alumnos que se encontraban dentro del colegio, todos menores de edad. Luego de una hora de conversación, estos se retiraron advirtiendo que ante cualquier actitud que perjudique a los vecinos, iban a volver y no de una forma amable”, contaron los estudiantes en un comunicado.

En Villa La Angostura, la Policía neuquina golpeó y atropelló con una camioneta a un joven  mapuche. Martín Curruhuinca fue arrestado el domingo pasado mientras tomaba cerveza con amigos, y una vez arriba del móvil cayó de la caja. Marcha atrás, el mismo vehículo lo pasó por encima.

Mapuche

En Río Negro, un grupo de desocupados que se encontraba pidiendo trabajo sobre uno de los accesos de la planta hidrocarburífera de YPF en la localidad de Allen, fue desalojado el jueves también por efectivos de la Gendarmería, aunque el hecho no se tornó violento debido a que la Secretaría de Energía de Río Negro, YPF y la contratista Mirasal, se pusieron de acuerdo para hacerle una propuesta a los desocupados y evitar lo que podría haberse convertido en un hecho violento.

Allen

Los manifestantes se retiraron del lugar, no sin antes ser fotografiados por las fuerzas represivas.

Mientras Santiago Maldonado sigue sin aparecer, su familia, organismos de derechos humanos y espacios políticos opositores reclaman la renuncia de la ministra Bullrich por no estar “capacitada” para ocupar el cargo. Desde la Casa Rosada, respaldan a la funcionaria e intentan desacreditar los reclamos por los episodios de violencia, aunque nada dicen sobre la presencia de infiltrados. En un marco de ajuste y detenciones arbitrarias, termina una “semana de agitación” pero comienza una nueva: a la exigencia por la aparición de Santiago, se suma el pedido por la liberación de todos los detenidos. El Gobierno ya alzó la voz para decir a través de sus medios aliados que le “preocupa la escalada de violencia”. El plan represivo para “reforzar la seguridad” seguirá mucho más allá del 2 de septiembre.

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