Aviones rocían herbicida sobre campos de coca en San Miguel, Colombia, el 11 de diciembre de 2006. Segun un informe de la Casa Blanca, los cultivos de hoja de coca para elaborar cocaína aumentaron considerablemente el año pasado en Colombia. Expertos consideran que Estados Unidos busca apremiar a Colombia con estas estadístsicas a que permita la continuación del programa de erradicación aérea de cultivos de coca. (AP Foto/Fernando Vergara)

El gobierno de Donald Trump, en colusión con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y un grupo de parlamentarios republicanos, ha iniciado un operativo de presión sobre la administración de Juan Manuel Santos con el fin de que reanude las fumigaciones con glifosato iniciadas hace unos veinte años para inutilizar los cultivos de coca. Esa actividad había sido suspendida a raíz de una condena de la Corte Internacional de Justicia derivada de reiteradas denuncias por parte del gobierno ecuatoriano por daños ambientales causados en la zona fronteriza por los cuales Colombia debió indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares.

Datos recogidos por expertos sanitaristas en las zonas fumigadas, indicaron que resultan perjudicados los  predios ubicados a diez kilómetros a la redonda, donde no solo se afecta a las plantaciones cocaleras sino también a otros cultivos que se destruyen o deben  ser declarados como no aptos para el consumo. Se han verificado, además,  malformaciones y graves problemas respiratorios en recién nacidos. Por otra parte, ha quedado demostrado que en 2007,  el año en que se intensificó notablemente la aspersión, fue el de mayor crecimiento de las plantaciones de coca. Sobre dos millones de hectáreas donde se concretaron los intentos de erradicación aérea, se logró una reducción que no supera las 100 mil hectáreas.

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Actualmente, las autoridades colombianas están desarrollando la erradicación manual en la que participan unas 4.500 familias, que son compensadas económicamente y provistas de tecnología, infraestructura rural y de transporte. El Acuerdo de Paz con las FARC incluye una serie de medidas que impulsan la erradicación voluntaria y la entrega de tierras a los campesinos, pero la mayor dificultad para combatir el negocio del narcotráfico no radica en la extensión de las plantaciones, sino en que los mayores consumidores de la droga colombiana, los Estados Unidos, no han avanzado en absoluto en la detención de los grandes narcotraficantes y lavadores de dinero.

De prosperar los intentos de reiniciar las depredadoras fumigaciones, los únicos beneficiados serían la multinacional Monsanto, proveedora del glifosato, un producto químico cuestionado o prohibido en todo el mundo, las empresas privadas estadounidenses que aportan las avionetas y los pilotos y los sectores más cavernícolas de la derecha colombiana, liderados por Uribe, que se plantean de ese modo afectar las posibilidades electorales del presidente Santos y apuntan al fracaso de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los que podrían iniciarse con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aún no ha abandonado las armas.

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